En un mundo cada vez más digitalizado, el hardware que impulsa la inteligencia artificial requiere de recursos minerales cuya extracción está transformando el panorama ambiental y social de América Latina. Desde los valles del litio en los Andes hasta las minas de cobre en México y Perú, el crecimiento de la demanda de estos materiales plantea preguntas necesarias: ¿a qué precio sostenemos el avance tecnológico? ¿Cómo puede la región evitar repetir viejos patrones de explotación y dependencia? 

El desarrollo de hardware avanzado, desde chips hasta baterías, requiere minerales como litio, cobalto y cobre, entre otros. En ese sentido, América Latina es una de las principales proveedoras de estos recursos con Bolivia, Argentina y Chile, conocidos como el “Triángulo del Litio”, concentrando entre el 50% y el 60% de las reservas mundiales de este mineral, clave para las baterías de dispositivos electrónicos y vehículos eléctricos. Por su parte, Perú y México lideran la producción de cobre, mientras que Brasil aporta tierras raras, esenciales para componentes electrónicos avanzados.

El crecimiento de la demanda ha generado un boom extractivista, con grandes corporaciones mineras y tecnológicas asegurando su acceso a estos recursos estratégicos. Según la UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), la demanda de litio podría aumentar en un 500% para 2050 debido a la transición energética y las tecnologías de IA. Pero este auge tiene una contracara que se vincula al impacto ambiental y social en las comunidades donde se realiza la extracción.

Sin embargo, la extracción de minerales no es sólo una cuestión económica, sino también una práctica que transforma territorios, agota recursos y altera modos de vida. La minería de litio, por ejemplo, requiere grandes cantidades de agua, un recurso escaso en las regiones andinas donde se extrae. En el Salar de Atacama, Chile, se utilizan cerca de 2 millones de litros de agua por tonelada de litio extraída, afectando a comunidades indígenas y campesinas que dependen de estos acuíferos para sus actividades agrícolas y ganaderas.

Además, la contaminación del suelo y las fuentes de agua por productos químicos utilizados en el proceso extractivo agrava la situación. Estudios de organizaciones como el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) (https://www.ocmal.org/estudios-e-informes/) han documentado cómo estas actividades generan desplazamientos forzados y conflictos sociales, dejando a las comunidades locales con pocos beneficios y muchas pérdidas.

¿Quién controla los recursos? 

Un elemento fundamental del debate es quién tiene el control de los recursos y cómo se distribuyen los beneficios. En muchos casos, las grandes corporaciones que operan en América Latina repatrían las ganancias a sus países de origen, dejando a las economías locales con ingresos fiscales limitados y sin capacidad para invertir en desarrollo sostenible. Esta dinámica reproduce patrones históricos de dependencia económica y extractivismo que han caracterizado a la región desde la colonia. 

Además, el acceso a las tecnologías de IA resultantes de estos recursos sigue siendo desigual. Mientras que las grandes potencias tecnológicas disfrutan de los avances que facilitan estos minerales, los países de origen suelen carecer de las infraestructuras y capacidades para aprovecharlos plenamente. 

Dentro de las principales empresas de Litio encontramos a la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), uno de los mayores productores de litio del mundo, que opera en el Salar de Atacama, donde se extrae este metal alcalino utilizando grandes cantidades de agua en zonas desérticas. A esa compañía le siguen Livent (Estados Unidos, con operaciones en Argentina), activa en el Salar del Hombre Muerto en Catamarca, Argentina, donde extrae litio para la industria de baterías; y Allkem (Australia, con operaciones en Argentina), que se encuentra en el Salar de Olaroz, en Jujuy, Argentina.

En lo que al cobre respecta, la líder es Codelco (Corporación Nacional del Cobre de Chile), que es la mayor productora de cobre a nivel mundial. Cerró el 2023 con una producción de 1.324.554 toneladas de cobre, de acuerdo a su propio balance general. Luego se encuentra Southern Copper Corporation (México y Perú), sin duda una de las mayores productoras de cobre en América Latina que opera en minas como Cuajone y Toquepala en Perú. 

Hacia una minería responsable

Frente a este panorama, la minería responsable se presenta como una alternativa viable para equilibrar las necesidades tecnológicas con la sostenibilidad ambiental y social. Este enfoque implica:

• Estándares ambientales estrictos: Reducir el impacto ecológico mediante prácticas extractivas menos invasivas, como el uso de tecnologías que minimicen el consumo de agua y energía.
• Participación comunitaria: Incluir a las comunidades locales en el diseño, implementación y supervisión de proyectos mineros, asegurando que reciban una parte justa de los beneficios económicos.
• Transparencia en la cadena de suministro: Obligar a las empresas tecnológicas a garantizar que los minerales utilizados en sus productos provengan de fuentes responsables.

Es fundamental debatir acerca de los beneficios de un modelo de minería responsable que priorice la preservación del medio ambiente, con políticas públicas claras y fiscalización efectiva. Los gobiernos deben implementar marcos regulatorios que obliguen a las empresas a cumplir con estándares ambientales y sociales, sin delegar la jurisdicción y penalizando a quienes los incumplan. Además, es crucial fomentar la creación de fondos de reinversión local para que los beneficios económicos generados por la extracción minera se traduzcan en mejoras concretas en infraestructura, educación y salud.

La minería responsable no es solo una opción deseable, sino una necesidad para evitar repetir los errores del pasado. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, es imperativo que este progreso no venga a costa de nuestro planeta ni de las generaciones futuras.